DE MAGNATES Y ALCAHUETERÍA FISCAL

Abel Pérez Zamorano

Se supone que los ciudadanos deben contribuir al erario, aportando cada cual lo que pueda, recursos que el Estado emplee luego a favor de los más desvalidos, mecanismo socialmente solidario de carácter redistributivo que, bien manejado, ayudaría a reducir la brecha del ingreso entre las clases sociales, verdadera prioridad nacional, en esta polarizada sociedad nuestra, con 85 millones de pobres y, en el otro extremo, las fortunas más grandes del mundo. El problema es que, al amparo de una indulgente legislación, los ricos no pagan impuestos, esto sin considerar evasión y elusión fiscal. De acuerdo con la OCDE, en un estudio sobre sus países miembros, llamado “Ingreso fiscal general como porcentaje del PIB, 2009”, siguiendo un orden descendente, en captación fiscal, el primer lugar lo ocupa Dinamarca, donde el gobierno percibe en impuestos 48.2 por ciento del Producto Interno Bruto; en segundo lugar está otro país nórdico, Suecia, con el 46.4; en tercero, Bélgica, 43.2; luego Francia y después Italia, con 43.5; Finlandia capta un 43.1. Nuestro país aparece hasta el final, en el sitio 33, con una captación de apenas 17.5 por ciento. Vale agregar que el promedio de captación en la OCDE es de 34.8 por ciento.

Quienes deben pagar impuestos son los ricos, pues a los pobres apenas si les alcanza para sobrevivir; mas no ocurre así, en este régimen fiscal regresivo, donde pagan más los que menos tienen. Si hubiera un mecanismo distributivo justo, los ricos debieran aportar algo de sus cuantiosas ganancias, para que, luego, el gobierno aplique esos recursos con un criterio de equidad distributiva. Pero en México existe toda la indulgencia gubernamental para con los dueños del capital; no se toca a los poderosos ni con el pétalo de una rosa, con el argumento de que se desincentivaría la Inversión Extranjera Directa, aunque no dejan claro por qué los países que sí cobran impuestos a las empresas no pierden capacidad competitiva. En fin, este sistema fiscal, magnánimo (a costillas de otros) con los empresarios, forma parte de una perversa concepción de “competitividad”, cuyo alimento fundamental es la pobreza; es decir, competitivos, pero hambrientos. Como dice el adagio: quemar la casa para calentarla.

Pues bien, los empresarios, beneficiados por la lenidad del gobierno, evaden al fisco y llevan sus cuantiosas ganancias a paraísos fiscales o a otros países; como consecuencia, resultan insuficientes los ingresos del gobierno para costear toda la obra de desarrollo social y fomento de infraestructura, por ejemplo, para atender debidamente la educación pública, los hospitales del Seguro Social y del ISSSTE, carreteras libres y caminos vecinales, el deporte, etc. En fin, el Estado desatiende sus compromisos, en claro daño de los más pobres. Además, cuando campesinos o colonos humildes solicitan atención, la sempiterna respuesta es: no hay recursos. Gran paradoja: no hay, siendo que la nuestra es la economía número doce del mundo en generación de riqueza. El problema es que los ricos se la apropian toda, protegidos por la alcahuetería oficial, lo cual se pone de manifiesto en el uso de teletones y otros trucos “deducibles de impuestos”, para evitar contribuir con el erario. Hacen así un gran negocio: realizan publicidad para incrementar sus ventas y mejorar su “imagen corporativa”, y gratuitamente, con un dinero que debía ser para el pueblo.

Pero éste último paga también de otra forma. Al no disponer el Estado de recursos suficientes, se aplica a perseguir a los pequeños contribuyentes, con el argumento de “ampliar la base gravable”, formulita eufemística que significa hacer pagar impuestos a más sectores de pobres, por ejemplo, vendedores ambulantes, o pequeños empresarios, a los cuales, en virtud de su indefensión se carga de cadenas fiscales. Asimismo, se promueven impuestos al consumo, pues los consumidores no pueden zafarse de ese nudo corredizo que es el IVA y otros impuestos semejantes.

Hasta aquí hemos hablado sólo de captación de recursos fiscales, mas a esto se añaden otros problemas socialmente perniciosos. La no aplicación de lo captado y su desviación por funcionarios que incrementan así sus fortunas personales. Recuérdese que, según Transparencia Internacional, la administración pública mexicana es una de las más corruptas; además, con suma frecuencia el gasto no se aplica con un criterio socialmente sensible, en beneficio de quienes menos tienen, para al menos paliar sus necesidades, sino en obras fastuosas, que “apantallen”, como segundos pisos, costosísimos puentes o inútiles distribuidores viales, hechos para gastar y sacar tajada del gasto, o bien, lujosas “torres” o plazas que sirven para “hermosear” el paisaje urbano, todo mientras incontables colonias populares o comunidades campesinas carecen de agua entubada, drenaje, electricidad, escuelas, caminos o instalaciones médicas. Es decir, lo poco que entra, y que pagaron los pobres y las clases medias, se aplica para beneficio de ricos y gobernantes.

Casi en tono de premonición, dijo Salvador Díaz Mirón, en su poesía Asonancias: “Sabedlo soberanos y vasallos, próceres y mendigos: nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Lo que llamamos caridad y ahora es sólo un móvil íntimo, será en un porvenir lejano o próximo el resultado del deber escrito. Y la equidad se sentará en el trono de que huya el Egoísmo, y a la ley del embudo, que hoy impera, sucederá la ley del equilibrio”. Bien harían hoy soberanos y vasallos en recordar esto, que pareciera escrito ayer, y con inequívoca dedicatoria para quienes conducen los destinos de la patria. Y si los soberanos no lo entienden, bastará con que lo entiendan vasallos y mendigos.