CLASE OBRERA INDIGENTE

Abel Pérez Zamorano

En conferencia de prensa conjunta, el 24 de abril, los secretarios del Trabajo y Economía, dieron a conocer las cifras más recientes sobre empleo. Dijeron que la cantidad de empleos aumentó, aunque, “lamentablemente”, cayó su calidad, sobre todo en el salario, y esto motivó a Ernesto Cordero a decir que: “existe preocupación del gobierno federal por mejorar la calidad del empleo y del salario… muchas de las plazas que se perdieron con la crisis no se han recuperado, sobre todo las de salarios más altos” (El Universal, 25 de abril). Una nada creíble preocupación es la del secretario, considerando que éste y los anteriores gobiernos, movidos por un infame concepto de competitividad, han aplicado una política de contención salarial, que, a la par que fija los salarios, libera los precios de los bienes de consumo, abatiendo la capacidad de compra de los trabajadores.

A decir de los altos funcionarios, hay 14.8 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social, y más de la mitad (7.4 millones) perciben más de dos salarios mínimos; en otras palabras, la mitad percibiría menos de 100 pesos. Sin embargo, esta cifra enmascara una realidad mucho peor. Según el INEGI, hay 44.5 millones de personas ocupadas, por lo que sólo el 33 por ciento está afiliado al IMSS; precisamente, los que tienen mejores salarios. Quienes perciben los más bajos no están registrados.

Fuentes no gubernamentales ofrecen cifras más crudas. En  El Universal del lunes pasado, la directora general de Trabajando.com México declara: “la mayor parte de los mexicanos se ubica en un rango de uno a dos salarios mínimos; esto se ha incrementado en el último año, y aproximadamente 20 por ciento de la población ocupada gana de dos a tres salarios mí-nimos”. En la misma fecha, Milenio publicó un reporte del Centro de Investigación en Economía del Tecnológico de Monterrey según el cual, en lo que va de la actual administración, el número de pobres aumentó en 10 millones, y: “sin empleo formal y bien pagado no puede afirmarse que los trabajadores y sus familias tengan el ingreso suficiente para mantener el nivel de vida, ya de por sí precario, al que sostenían antes de la crisis”. Otra fuente. Estudios de la Universidad Obrera indican que entre 1976 y 2010 el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó en 79.6 por ciento: en 2010 sólo alcanzaba para adquirir el 20.4 por ciento de lo que se compraba en 1976. “Respecto a los aumentos observados en los precios de la CBI durante la presente administración, tenemos que mientras el salario mínimo aumentó sólo 18.06 por ciento, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2010, el jabón para lavar aumentó 59.02 por ciento, la tortilla 42.69 por ciento, el pan blanco 58.16 por ciento, la harina de trigo 76.14 por ciento, la sal 82.68 por ciento, el metro 50 por ciento, el frijol 68.37 por ciento, la leche 34.75 por ciento, el “pesero” 37.20 por ciento, la gasolina Magna Sin 29.17 por ciento, el aceite 88.35 por ciento, el huevo 52.06 por ciento, el arroz 82.123 por ciento y el café soluble 34.49 por ciento” (UOM, Hoja Obrera, diciembre de 2010). De acuerdo con el estudio, hoy se requieren 7.48 minisalarios, para adquirir la canasta básica indispensable (CBI), de 40 productos. Considerando un mínimo promedio de 58 pesos, se necesita un ingreso diario de 433 pesos (36 dólares).

Pero los bajos salarios son sólo parte de la feroz explotación de los trabajadores mexicanos: la pinza se cierra con jornadas laborales más prolongadas. “Los mexicanos laboran más que ningún otro trabajador en el mundo desarrollado; sin embargo, es la segunda nación con mayor desigualdad a la hora de percibir ingresos, reveló un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos” (Milenio, 13 de abril). Y añade: “El estudio del organismo multilateral,  Una mirada a la sociedad, destacó que los mexicanos dedican a sus tareas laborales en promedio 10 horas al día, cifra superior a las ocho que registran los empleados del resto de los países miembros de la OCDE”. Asimismo, en México se registran las jornadas más prolongadas de trabajo no remunerado.

Como el salario no basta para reponer el valor de la fuerza de trabajo, se ha diseñado un sistema que permita, si no resarcir al trabajador, sí al menos atenuar las consecuencias. Interviene el Estado, sufragando parte de lo que debería ser el salario, que en estricto derecho debió pagar la empresa. Lo hace subsidiando el consumo de los trabajadores mediante programas asistenciales, pasaje en el metro, subsidio a la leche, etc., haciendo, de paso, un negocio redondo en cuestión de control político e ideológico. De esta forma, lo que las empresas debieron haber pagado de sus propias ganancias por concepto de salarios, no lo hicieron, en afán de aumentar la plusvalía; pero ante el daño social y político, el Estado les ayuda, pagando el faltante del salario con dinero público, aportado por los propios pobres, o las clases medias, nunca por los ricos. Éstos no pagan impuestos, ¡ah, pero bien que se adornan!, “solidarizándose” con los pobres, que ellos mismos han creado, “apoyándolos” luego, caritativamente, con teletones y todas esas yerbas. Este injusto sistema de reparto involucra, pues,  al Estado como complemento para que aplique paliativos en forma de limosna pública, convirtiendo la caridad en el complemento para dar de comer al pueblo, igual que hacía el gobierno inglés, allá por el siglo XIX, mediante la ayuda parroquial, “apoyando”, aparentemente a los pobres, “completando sus salarios”, pero en realidad favoreciendo a los terratenientes, que no los pagaban completos. Esto de ninguna manera es un capitalismo maduro, sino uno primitivo, de vulgar depredación; un perverso engranaje económico del cual el Estado forma parte.

Como efecto, la limosna, pública y privada, vuelve al pueblo limosnero, y en lugar de un espíritu digno y orgulloso, genera en él uno agachón, pedigüeño y lambiscón, que no le impele a reclamar su derecho, sino a mendigarlo; en lugar del orgulloso creador, y por tanto dueño, de toda riqueza, es sumiso mendicante. Toda esta barbarie ha sido posible gracias a que los instrumentos sindicales y políticos, que debieran servir para proteger a los trabajadores, han sido anulados, dejando a la clase trabajadora en la más absoluta indefensión, incluida la ideológica